A la luz del reciente estallido racista desatado en Torre Pacheco (Murcia), hemos creído conveniente rescatar este trabajo del olvido. Se entregó como trabajo de investigación en el curso 2000-2001 con el título «Cultura democrática y xenofobia a la luz de los acontecimientos de El Ejido», dentro del programa de doctorado de Estudios Internacionales Mediterráneos de la Universidad Autónoma de Madrid.
A pesar de las carencias evidentes de este trabajo de formación, creemos que recoge interesantes documentos y reflexiones que pueden ayudar a entender lo ocurrido en la localidad murciana y, sobre todo, la reacción de algunos políticos y medios de comunicación. Como señala Javier de Lucas, «lo que resulta preocupante son las coincidencias, importantes y negativas, entre El Ejido y Torre Pacheco: en particular es la débil respuesta de los responsables políticos, de las fuerzas de orden público y de las autoridades judiciales».
1. Introducción
«En lo social como en lo económico hemos querido quemar las etapas sin percatarnos de que ni las costumbres ni los valores ciudadanos pueden improvisarse de la mañana a la noche. En nuestro país de nuevos ricos, nuevos libres, nuevos europeos, la clase política ni ha intentado aclimatar una cultura moral ni fomentar un civismo que sirvan de contrapeso a la ignorancia y al desprecio de lo ajeno. (…) Después de veinte años de democracia, el fracaso educativo de los sucesivos Gobiernos de UCD, PSOE y PP no puede ser más palmario».
Juan Goytisolo hacía esta reflexión después de la revuelta de tinte xenófoba que protagonizaron los habitantes de la localidad almeriense de El Ejido a principios de febrero del año 2000.[1] Lo sucedido le llevaba a pensar que algo fallaba en la democracia española si algo así podía llegar a pasar, y este algo, concluía, era la falta —durante veinte años de democracia, después de casi cuarenta años de dictadura franquista— de una auténtica transmisión de los valores democráticos, la falta, en definitiva, de una auténtica cultura democrática en la sociedad española —o, al menos, en parte de ella—.
Partiendo de esta idea, me propongo analizar el discurso político, ese supuesto transmisor de cultura democrática, que, sobre la inmigración, se difundió durante los meses previos a los acontecimientos de El Ejido —más específicamente desde el debate sobre la Ley Orgánica 4/2000 sobre los derechos y libertades de los extranjeros en España—, pasando por el discurso difundido durante los acontecimientos; y hasta el que se dio durante el debate sobre la Ley Orgánica 8/2000, reforma de la anterior.
A pesar de que sería de esencial importancia, para llegar a una comprensión más acertada del proceso, el analizar el discurso político de todos los protagonistas, el de todos los grupos políticos, el de todos los responsables autonómicos y locales, y también el de los medios de comunicación, por razones de espacio y tiempo este trabajo se concentrará, por un lado, en el discurso transmitido por el Gobierno del Partido Popular y por su grupo parlamentario y, por otro lado, en el discurso que se difundió desde las autoridades locales de El Ejido durante los acontecimientos en cuestión; para ver de qué forma el uno se vio reflejado en el otro o al revés. En definitiva, lo que este trabajo pretende es ver cómo los acontecimientos de El Ejido, y el discurso acerca de la inmigración que desde allí se hizo público, influyeron en el discurso del gobierno y en su política de inmigración.
Y, sobre todo, lo que me gustaría hacer es, a partir de este análisis del discurso político y de la contradicción que éste trasluce, hacer una reflexión acerca del estado de la cultura democrática en España y cómo este estado afecta sobremanera a la concepción que se tiene del inmigrante y al trato que se le da.
La contradicción a la que me refiero, lo adelanto, es la siguiente: durante años se ha dicho que España no es racista ni xenófoba. En parte esto se debía a que en España había pocos inmigrantes. Cuando la población de inmigrantes empieza a aumentar, cuando empiezan a manifestarse algunas tendencias xenófobas en la población, esto se achaca al aumento de la inmigración y se propone controlar la entrada de inmigrantes al país para que España siga sin ser xenófoba. Como apunta Carlos Celaya, “El principal argumento de los partidos políticos, desde la izquierda a la derecha, en España y en el resto de la CE, a la hora de analizar el surgimiento de tendencias xenófobas o racistas es la cantidad: cuantos más inmigrantes haya, más condiciones se darán para que el racismo se estructure y cale en el conjunto de la sociedad”.[2] No se achaca el surgimiento de manifestaciones xenófobas a una mala educación democrática, a la ignorancia o, simplemente, a la pervivencia de antiguos prejuicios contra lo extraño; sino a la presencia de “demasiados” extranjeros. Así, siguiendo este razonamiento, se pretende controlar la xenofobia impidiendo o entorpeciendo el aumento de la población inmigrante: se quiere controlar la xenofobia llevando a cabo medidas xenófobas. Esta es la contracción que veremos reflejada en la mayor parte de los discursos que, desde el Gobierno o desde las autoridades de El Ejido, se han hecho acerca de la inmigración. Y esta es la contradicción que pervierte el mensaje democrático, la que pervierte la concepción que de la democracia se tiene en algunos sectores de la sociedad española.
2. El discurso en torno a la Ley Orgánica 4/2000
A principios de noviembre de 1999 la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados debatía en torno a la proposición de Ley Orgánica sobre los derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (la que sería Ley Orgánica 4/2000), que el gobierno había presentado unos dieciocho meses antes[3]. El texto era consensuado por todos los grupos políticos y se contemplaba positivamente en tanto suponía un cambio sustancial con respecto a la anterior Ley Orgánica 7/1985. Esta ley de 1985, según Sainz de la Peña, se articulaba en torno a tres líneas maestras: primera, “regular las libertades públicas de los extranjeros, (…) diferenciando claramente dos niveles: el de los derechos inherentes a la persona, (…), y el de los demás derechos, (…)”; segunda, “establecer como requisito indispensable para ejercer los derechos anteriores, la condición de que el extranjero esté en España en situación legal, distinguiendo con precisión el legal del ilegal. El primero con equiparación, que no igualdad, en derechos y libertades con los españoles; el segundo, sólo protegido con el «estándar mínimo internacional», abocado prácticamente a la expulsión”. La tercera línea era “introducir, por primera vez en la legislación española, la necesidad de la intervención judicial para resolver recursos ante ciertas disposiciones administrativas (expulsión, privación de libertad, disolución de asociaciones)”[4]. Así, derechos fundamentales como el de asociación, reunión o educación, se negaban a los extranjeros en situación “ilegal”.
En cambio, la nueva proposición de ley, surgida de un contexto totalmente distinto (un mayor número de población inmigrante), se concebía como un cambio a todo esto, reconociendo el derecho a la libertad de circulación, a la reunión y manifestación, a la asociación (aunque sólo podían ser promotores de asociaciones los residentes), a la educación, al trabajo, a la sindicación y a la huelga, a la asistencia sanitaria, etc.; tanto al extranjero en situación de “legalidad” como de “ilegalidad”. Además, se introducía la novedad de la posibilidad de la regularización automática acreditando la estancia en España durante dos años de forma ininterrumpida[5]. El objetivo del proyecto de ley, se puede interpretar, era el de lograr una más efectiva integración de la población inmigrante en la sociedad española dándole los medios para poder defender sus derechos, derechos que ahora serían más amplios. Y desde este punto de vista lo contemplaba también el grupo parlamentario popular durante el debate en la Comisión Constitucional. En este sentido, el diputado Jordano Salinas afirmaba: “Vamos a lograr poner en marcha una ley que no contempla al extranjero sólo como un elemento al que hay que controlar en frontera, sino que contempla al extranjero como un elemento más que aporta a esta sociedad, que tiene capacidad de aportación a esta sociedad y que esta sociedad tiene que ser receptiva a esa aportación”[6]. “El extranjero en España es una persona que va a aportar algo positivo y al que tenemos que integrar en la sociedad. No es sólo una mano de obra barata que se utiliza y que retorna a su país de origen una vez utilizada”[7]. E incluso, en cuanto al derecho a la sindicación y a la huelga (lo que es interesante destacar dado el cambio que se produjo después en la argumentación del Partido Popular), afirmaba: “Pero nos parecía contraproducente y desde luego no ayudaría a presentar un mensaje de integración eliminar del texto de la ponencia la prevención de que los extranjeros tienen derecho a la huelga”[8].
Hasta ese momento el proyecto de ley parecía que iba por su curso normal. Pero, antes de que la proposición de ley pasara al Congreso para su aprobación (cosa que ocurriría el 25 de noviembre), dentro del Partido Popular surgieron voces discordantes con la filosofía de aquella. El día 17 de noviembre el periódico El Mundo titulaba uno de sus artículos: “El gobierno intenta evitar la aprobación del proyecto de Ley de Extranjería porque cree que la nueva normativa provocaría una llegada masiva de inmigrantes”[9]. Según este periódico, la presión contra la proposición partía de los ministerios de Interior, Economía y Exteriores. El primer ministerio criticaba la ley porque suponía “la legalización masiva de inmigrantes, la judicialización de algunos trámites y el hecho de que supondría un estímulo para que miles de extranjeros trataran de atravesar las fronteras españolas”. Por otro lado, Economía argumentaba que en los presupuestos que se debatían en ese mismo momento no se contemplaba partida alguna para su aplicación. Mientras, desde Exteriores se decía “que no se adecúa a los acuerdos de la UE firmados por España: Schengen y Tampere”[10]. De las posturas de Interior y Exteriores se deriva lo que será el discurso sobre inmigración del Partido Popular durante todo este periodo, que se resume en una frase: «control de flujos migratorios». Control para, por un lado, evitar el conflicto que supondría una llegada masiva de inmigrantes; y, por otro, convertir a España en frontera exterior de la UE.
En este momento, el Ministerio del Interior se instituye en el responsable del tema inmigración. El ministro Mayor Oreja empieza a aparecer en los medios de comunicación advirtiendo sobre los peligros que, para la sociedad española, supondría la aprobación de la ley. En Telecinco declaraba que “los problemas que vamos a tener de convivencia y de seguridad en España en los próximos veinte años van a venir con un marcado carácter exterior”[11].
Recogiendo esta nueva filosofía impuesta por los ministerios citados, el representante del grupo popular en el Congreso, De Grandes Pascual, afirmaba en el pleno sobre la aprobación de la proposición de ley:
“Se trata de configurar un espacio [la UE] no sólo geográfico sino jurídico común, sin fronteras interiores, que habilite la más plena circulación de personas y en el que los residentes legales –lo subrayamos- extranjeros gocen de una progresiva equiparación de derechos con los nacionales de la Unión. ¿Cuál es la contrapartida forzosa de ese ambicioso empeño? Que los Estados miembros garanticen una gestión racional de los flujos de inmigración y luchen sin descanso contra las mafias, que se lucran con la inmigración ilegal”[12].
“(…) El automatismo de tales decisiones y de los procesos de legalización, juntamente con la difuminación de los límites entre situaciones de legalidad e ilegalidad, contribuiría a incentivar flujos no sólo excesivos, sino perjudiciales para esos legítimos intereses y perturbadores para la integración de los inmigrantes en la sociedad española”[13].
Primero, bajo el pretexto de los compromisos adquiridos con la Unión Europea, se afirma que es necesario distinguir en derechos a los inmigrantes “legales” de los “ilegales”, además se quiere dificultar el acceso a la “legalidad” para evitar lo que se ha bautizado como “efecto llamada”, evitando con esto el aumento “perjudicial” de la inmigración. El diputado llega a decir que el aumento de la inmigración sería algo perturbador para la integración de los inmigrantes, pero no explica en qué sentido, a no ser que se refiera a los problemas de convivencia de los que hablaba Mayor Oreja; y, de ser así, nos encontraríamos ya con la introducción del elemento xenófobo al que hacía referencia en la introducción.
A pesar de este cambio de rumbo en la filosofía de la inmigración del grupo popular, la proposición de ley fue aprobada por el Congreso (hay que recordar que el Partido Popular no tenía mayoría absoluta en el Congreso durante la VI legislatura; sí, en cambio, en el Senado) y pasó al Senado.
En el Senado, el grupo Popular introdujo una serie de enmiendas (112 en concreto) que trataban de cambiar aspectos importantes de la proposición de ley. El argumento esgrimido por el senador Esteban González Pons para la introducción de tales cambios era: “Si otorgamos los mismos derechos a todos los inmigrantes estaríamos consolidando jurídicamente la figura del residente ilegal”. “Hay que regularizar la situación de los inmigrantes ilegales, (…), pero no se puede hacer de forma automática al cabo de dos años, porque sería muy fácil de manipular y limitaría la capacidad del Estado para regular los flujos migratorios”[14].
Los puntos principales en los que se basaban las enmiendas eran: la cuestión de la regularización “automática”; hacer más dificultosa la obtención de la residencia permanente; limitar el derecho a la reagrupación familiar; e impedir el derecho a recurrir la denegación del visado[15]. Resumiendo, la actitud del Partido Popular se basaba en un deseo de fomentar la inmigración legal, situación ésta que haría más fácil la protección de los derechos de los inmigrantes, pero, por otro lado, se trataba de regular “los flujos migratorios” para evitar una entrada “masiva” de inmigrantes, lo que supondría, según la opinión de los líderes de este grupo político[16], un conflicto de convivencia en la sociedad española. Y para regular estos flujos era necesario hacer menos “atractivo” el venir a España mediante una limitación de los derechos de los inmigrantes “ilegales” y el hacer más difícil el acceso a la situación de “legalidad”. Todo esto es lo que venía a decir el 22 de diciembre de 1999 el diputado del Partido Popular De Grandes Pascual:
“[Es] la gran oportunidad de aprobar la ley que los inmigrantes necesitan, la ley deseable para cuantos queremos afrontar el problema de la inmigración con afán integrador, eficazmente y sin demagogia; la ley que la Constitución y nuestros compromisos internacionales aconsejan; además, la ley adecuada para cambiar radicalmente la actitud frente a los fenómenos migratorios”[17].
“No podemos llegar al desmantelamiento de los mecanismos de decisión para convertir la entrada, el visado o la residencia, en fórmulas inadecuadas que produzcan el automatismo en la legalización de situaciones irregulares y que inciten a instalarse en España a los extranjeros que decidan llegar, burlando la ley y ocupando el lugar de aquellos otros cuya incorporación a nuestra sociedad pudiera ser más conveniente a nuestros intereses, a los intereses de los propios inmigrantes legales y, en consecuencia, más favorecedora a la integración”[18].
“Tampoco puede entenderse restrictiva la limitación de los derechos de sindicación y huelga a quienes estén autorizados a trabajar, (…)”[19].
Finalmente, en este pleno se aprobó la ley sin las enmiendas del Senado, a pesar de los esfuerzos llevados a cabo por el Partido Popular durante los días previos al pleno para llegar a un acuerdo con Coalición Canaria y Converjencia i Unió para rechazar la ley. A partir de este momento, en el discurso del PP sobre inmigración se introduce un nuevo propósito: cambiar la ley. Las elecciones del 12 de marzo de 2000 le darían la legitimidad suficiente para hacerlo. Pero antes tuvieron lugar unos acontecimientos que, tan unidos como estuvieron al tema de la inmigración, no podían dejar de influir en el proceso. Pero, ¿de qué manera?
3. Hablando sobre “lo de El Ejido”
El día 6 de febrero de 2000 el diario El País titulaba: “Detenido un inmigrante en El Ejido acusado del asesinato de una mujer a la que quiso robar. Concentración de protesta de los vecinos, que cortaron una carretera e increparon a la policía”. Esta “concentración de protesta” era la primera manifestación de lo que llegaría a convertirse en una auténtica revuelta popular de los vecinos de esta localidad de Almería en contra de la población inmigrante. Al día siguiente, El País ya decía que “cientos de vecinos de El Ejido atacan a los inmigrantes y destrozan sus locales”. Estos disturbios dirigidos contra la población inmigrante de origen magrebí se mantuvieron durante los días siguientes, prácticamente hasta el día 9, cuando una delegación de representantes políticos y sindicales se presentó en la localidad. Los disturbios más graves, con saqueos de locales de propiedad magrebí, quema de cortijos, persecuciones y apaleamientos, tuvieron lugar durante la noche del 5 cinco y hasta el día 8, aunque, esporádicamente, aparecieron nuevos brotes de violencia más tarde.
Durante los días en los que El Ejido estuvo en todas las televisiones nacionales, se especuló mucho acerca de las causas de lo ocurrido[20]. Los representantes de los ciudadanos ejidenses ya tenían su respuesta: el aumento de la población de inmigrantes “ilegales”. Para Nuria Lara, representante de ASAJA, “el problema actual no se hubiera suscitado si «los magrebíes llegaran con contrato preestablecido antes de llegar a Almería»”, por ello argumentaba en contra de la nueva “Ley de Extranjería”, que había entrado en vigor el pasado día 1 de febrero, porque había provocado una llegada masiva de inmigrantes ilegales; y, así, “el resultado, (…), es la creación de una bolsa de inmigrantes que residen en un término relativamente pequeño, y sin que todos tengan garantizado un empleo, «lo que conduce a situaciones de marginalidad y de crispación social»”[21]. A partir de este razonamiento se articuló todo el discurso que las autoridades locales proponían para explicar lo ocurrido: esta situación de marginalidad, provocada por el aumento de la población inmigrante “ilegal”, llevaba a muchos inmigrantes a recurrir a los delitos para subsistir[22]; por ello, se daban muchos robos y se cometían asesinatos como el del día 5 o los del día 22 de enero (cuando un inmigrante asesinó a dos agricultores). El último asesinato era la gota que colmaba el vaso y, de ahí, la reacción popular. Luego se aducían motivos unidos a estos, como el gran número de violaciones cometidas por los inmigrantes magrebíes[23]; o como el que se reunieran “a las puertas de sus comercios en grandes grupos”, lo que “provoca problemas a los vecinos y crea malestar”, como decía Juan Enciso, alcalde del pueblo[24]. Para Juan Enciso, las causas de lo que había ocurrido había que buscarlas, además de en la delincuencia, en la responsabilidad de las ONGs: “Creo que gran responsabilidad de lo que ha pasado es de las organizaciones no gubernamentales que, en lugar de colaborar, muchas veces violentan a los inmigrantes con mensajes únicamente sobre sus derechos y haciendo dejación de sus obligaciones”[25].
En la dinámica de la búsqueda de motivos se llegaron a aducir causas culturales. Según esta interpretación, uno de los problemas era el modo de ser de los magrebíes. Por ejemplo, el secretario de organización de COAG, Antonio Oliver, comentaba: “Hay un colectivo, que es el magrebí, que tiene una cultura y una forma de ser que en su país prácticamente no trabajan”[26]; y Juan Enciso apuntaba: “La mayoría de los inmigrantes no respetan las demás culturas y sólo quieren mantener la suya propia. En privado, tú podrás mantener tu cultura, pero debes respetar la del país donde te encuentras”[27].
Resumiendo, desde las autoridades locales se veían tres problemas principales como causas del levantamiento popular: por un lado, la existencia de “demasiada” población inmigrante sin papeles, sin trabajo[28], lo que derivaba en delincuencia. Por otro lado, las violaciones (de las que dio buena cuenta Antonio Marín Domínguez, ex comisario jefe de la policía de El Ejido, negando que hubieran aumentado[29]); y, finalmente, su modo de ser, su cultura, que resultaba molesta si se exhibía.
Toda esta serie de argumentaciones sería digna de un estudio detallado, como parte de la cultura del “miedo al moro”. Pero es la primera la que afecta de modo más importante al proceso en torno a la legislación sobre inmigración, ya que es la que introduce la equivalencia entre inmigrantes sin papeles e inmigrantes sin trabajo, esto con la delincuencia, y, como producto de ello, el conflicto social. ¿Por qué se dio esa equivalencia?
Evidentemente el primer objetivo era el de justificar a la población ejidense diciendo: el problema no somos nosotros, nosotros no somos racistas ni xenófobos, son ellos, que son unos delincuentes. Y a esta disculpa se le daba fuerza insertando la argumentación dentro del discurso que durante los meses anteriores se había difundido por parte del Partido Popular en torno a la “Ley de Extranjería” y la inmigración ilegal. Es decir, asociando el conflicto a la nueva ley. Juan Enciso lo explicaba claramente:
“La situación se puede volver insostenible en El Ejido si no se controla la llegada de inmigrantes. La comarca es la entrada de Europa desde Africa. La ley facilita que la gente se quede aquí y, hay que decir las cosas claras, no hay trabajo para tantos y en ese sentido es en el que, para nosotros, la Ley de Extranjería es muy negativa. (…) Yo también tengo derecho a estar en contra de la Ley de Extranjería. Lo importante es que todos podamos criticar y discutir las normas, pero no creo que eso sea el caldo de cultivo de los incidentes. A nosotros la ley nos va a perjudicar bastante. Es lógico que las personas que han aprobado esta ley tomen esas declaraciones mías para desviar la atención, pero son ellos los que con esta actitud echan más leña al fuego. Yo no he dicho nada que no haya dicho el propio PP, que también cree que hay que cambiar aspectos de esta ley”[30].
“Es imprescindible que se endurezcan los requisitos para que personas sin documentación puedan entrar en España. Las actuales condiciones sólo van a conseguir que cada vez sea más fácil que lleguen más sinvergüenzas”[31].
Juan Enciso, explicando el conflicto ocurrido en su pueblo en los términos en los que el Partido Popular había estado criticando la nueva ley —es decir, vinculando el conflicto social con el aumento de inmigrantes ilegales—, justificaba la actitud de su pueblo y la hacía comprensible para los líderes del PP. ¿Qué fue exactamente lo que éstos dijeron durante esos días acerca de lo ocurrido?
La primera reacción siempre fue de rechazo hacia lo ocurrido, pero, seguidamente, trató de insertarse dentro del debate sobre la inmigración. Josep Piqué, ministro Portavoz del Gobierno, en sus primeras declaraciones sobre los acontecimientos acaecidos en El Ejido, aprovechó para vincularlos con “la necesidad, a su juicio, de reformar la actual Ley de Extranjería”[32]. Lo mismo hacía Abel Matutes, ministro de Asuntos Exteriores, el cual hizo hincapié sobre la necesidad de abogar por una inmigración de tipo legal, con el argumento de que “en la medida en que un inmigrante no está legalizado, no existe para el Gobierno y, por lo tanto, no es fácil acudir en su ayuda”. Y, además, explicaba los acontecimientos de El Ejido atendiendo al aumento de la inmigración irregular, y esto lo vinculaba a la necesidad de reformar la ley: “Matutes dijo que no se puede culpar de estos sucesos a la Ley de Extranjería, pero advirtió de la necesidad de reformarla para «regular bien» la inmigración y evitar «situaciones incontroladas»”[33].
En general, como decía, la actitud de los altos cargos del Partido Popular fue de rechazo hacia lo ocurrido, pero no hubo una actuación decidida para atajar el problema, ni siquiera en la vertiente policial, que incumbía directamente al delegado del gobierno en Andalucía y, a través de éste, al ministro del Interior (ya que la situación requería un número mayor de policías que el habitual en la zona y, por supuesto, la actuación de estos). Hubo, más bien, una falta de decisión a la hora de llevar a cabo medidas contundentes para resolver el problema. Las únicas que se llevaron a cabo salieron desde el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, el cual promovió, primero, un acuerdo con la Junta de Andalucía para poner en marcha “una campaña de información y sensibilización genérica para facilitar la convivencia; la mejora del alojamiento de los trabajadores inmigrantes y un reforzamiento de los programas sociales que faciliten una mejor y más rápida integración”. Para ello el Ministerio destinaba una partida de cien millones de pesetas[34]. Y, más tarde, ponía en marcha un “dispositivo de medidas para la normalización para resolver los problemas de integración y violencia en el municipio”, con una partida de cuatrocientos millones de pesetas. Este dispositivo pretendía llevar a cabo una serie de medias: instalación de tiendas de campaña de la Cruz Roja para albergar provisionalmente a los inmigrantes que hubieran perdido su vivienda durante el conflicto, y el envío de una serie de mediadores sociales y psicólogos[35].
Ante este propósito de instalar tiendas de campaña provisionales, el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales entró en conflicto con el Ayuntamiento de El Ejido, que se negaba a ceder suelo para su instalación. Esta negativa era apoyada por un manifiesto de los vecinos del pueblo, los cuales la motivaban por el temor a que se crearan guetos. La solución que proponían era la de que la administración otorgara subvenciones a los agricultores para que rehabilitasen sus cortijos y estos fueran cedidos a los temporeros “hasta que encuentren vivienda”[36]. De la negativa a instalar los campamentos de Cruz Roja se pasaba a aceptar la instalación de módulos prefabricados, y, de ahí, a la discusión sobre su número, y, mientras, el alcalde Enciso mantenía el plan de los cortijos:
“Mientras se realice la rehabilitación de los cortijos del campo, y para que los temporeros estén dignamente allí, se van a adelantar algunos módulos prefabricados de Protección Civil para ir ubicándolos dentro de las fincas. (…) Todos los agricultores estaban de acuerdo con el compromiso de rehabilitar sus cortijos y darle vivienda a estos temporeros, pero el agricultor debe tener la seguridad de que cuando acabe el contrato de trabajo acabará también el de la vivienda”[37].
En cierto modo, se trata de legitimar políticamente la situación existente hasta el momento. Y eso es lo que parece que ocurrió, pues las tesis del alcalde se impusieron, con el apoyo de miembros destacados del Partido Popular y del Gobierno como Javier Arenas y Teófila Martínez[38], ambos con vínculos políticos más que notables con el alcalde. De hecho, un año después, la situación en El Ejido no había cambiado nada. El diario El País decía en su edición del 6 de febrero de 2001: “La mayoría de los extranjeros de Almería carece de vivienda digna, según el defensor del pueblo andaluz. (…) Entre el 60% y el 80% de los alojamientos que ocupan los inmigrantes en Almería son infraviviendas que carecen de los servicios más esenciales”. Además, se hacía eco de un manifiesto por el cumplimiento de los acuerdos firmados en El Ejido el año anterior.
El hecho es que las elecciones generales se acercaban.
4. El discurso en torno a la Ley Orgánica 8/2000
Lo ocurrido en El Ejido no puede decirse que afectara al desarrollo de la campaña electoral. Algunas declaraciones de líderes políticos hacían referencia a los sucesos, pero ello sólo para criticar lo sucedido como un acto racista o xenófobo. Quien más provecho político trató de sacar del tema fue la candidata a la presidencia de la Junta de Andalucía por el Partido Popular, Teófila Martínez (en su pugna particular con el presidente Manuel Chaves), quien culpó directamente a la Junta por lo ocurrido[39]. Pero, en general, los hechos no cambiaron el signo del debate político electoral. Tampoco el Partido Popular cambió su filosofía política con respecto a la inmigración a tenor de lo sucedido en El Ejido, sino que, más bien, la reforzó.
En su programa electoral, el Partido Popular introducía su idea de cambiar la legislación sobre inmigración, atendiendo a los compromisos adquiridos con la Unión Europea a este respecto. Seguía con su idea de dar “un trato justo a los nacionales de terceros países que residan legalmente en el territorio de sus Estados miembros”, dándoles “un conjunto de derechos de carácter uniforme lo más cercano posible al de los ciudadanos de la Unión”. En cuando a la inmigración “ilegal”, lo que el PP proponía en este programa electoral era prestar “atención especial en los ámbitos nacional y europeo para hacer frente a la inmigración ilegal en su origen, en especial luchando contra quienes se dedican a la trata de seres humanos y la explotación económica de los emigrantes, (…)”. Además, se proponía un incremento del control en las fronteras[40].
En definitiva, lo que el Partido Popular proponía era lo que terminaría haciendo al reformar la ley: hacer más difícil la inmigración “ilegal” y dar derechos equiparables a los de los ciudadanos nacionales a los inmigrantes “legales”. Sobre los derechos de los “ilegales” nada se decía, solamente que se salvaguardarían los derechos de las víctimas de las “mafias de la inmigración”. Esta es la política que el PP proponía para tratar el tema de la inmigración.
Y el PP ganó las elecciones. Obtuvo la mayoría absoluta en el Congreso. Ya podía reformar la ley.
La proposición de ley para la reforma de la Ley Orgánica 4/2000 (la que sería Ley Orgánica 8/2000 sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social) se presentó en el Congreso de los Diputados durante el pleno de 5 de octubre de 2000. La presentaba el ministro del Interior, Mayor Oreja, que definitivamente se hacía cargo del asunto da la inmigración[41].
La reforma legislativa se presentaba con tres objetivos, en palabras de Mayor Oreja:
“El primer objetivo, la integración y la convivencia en la sociedad española de todos los extranjeros que residan en nuestro país. Que sea posible una mejor convivencia en este ámbito y que la inmigración en España tampoco altere el conjunto de la convivencia en nuestra sociedad. El segundo objetivo es la canalización de flujos migratorios hacia el territorio español, poniendo el acento en lo que significa una inmigración de carácter legal, (…). Y el tercer objetivo, que regulemos instrumentos más eficaces para poder aislar, dentro de este fenómeno, lo que significa la lucha contra las mafias, contra las redes que trafican con seres humanos”[42].
Además, otro de los objetivos de la reforma era adecuar la legislación a los compromisos adquiridos con la UE. Para ello era necesario llevar a cabo una política más “prudente” de gestión de flujos migratorios, por ello se debía evitar el “efecto llamada”, por un lado, y, por otro, se tenía que poner en marcha un mayor control fronterizo.
Mayor Oreja se mostraba partidario de primar la inmigración de tipo “legal”, pues la “legalización” de los extranjeros permitiría su mejor integración por la adquisición de unos derechos y unas obligaciones equiparables a los de los ciudadanos de la Unión. Esto ayudaría, además, a frenar tendencias racistas y/o xenófobas.
Pero por otro lado, señalaba que era necesario dificultar el acceso a la “legalidad”, haciendo referencia a que la ley anterior permitía:
“Una salida permanente para la situación de ilegalidad y esto, en la práctica [significaba] una llamada para los extranjeros que permanezcan en situación ilegal durante el periodo establecido de dos años, ya que saben que, pasado ese plazo y con la acreditación de esas condiciones [acreditar haber permanecido en España durante dos años, figurar empadronado en un municipio y contar con medios económicos de subsistencia, que era lo que establecía la Ley Orgánica 4/2000], serán regularizados automáticamente”.
Y añadía: “(…), la inmigración irregular no se detiene facilitando al máximo el paso de ésta a la de carácter legal; se hace fundamentalmente potenciando los mecanismos que faciliten la inmigración legal desde el origen”. También debía facilitarse la expulsión de los inmigrantes en situación “ilegal”: “la Ley Orgánica actual no permite la expulsión de los extranjeros que se encuentren de forma ilegal en el territorio español, y por este motivo, señorías, se debe introducir como infracción sancionable con expulsión la permanencia de forma ilegal en territorio español”[43].
En definitiva, el Partido Popular volvía a formular su tesis anterior: un número “excesivo” de inmigrantes era perjudicial para la convivencia (ya se había visto en El Ejido), y esto debía evitarse para “que la inmigración en España tampoco altere el conjunto de la convivencia en nuestra sociedad”[44]. ¿Cómo se evitaba? Controlando los flujos migratorios mediante: primero dificultando al máximo la estancia ilegal en el país (no reconociendo sus derechos a los “ilegales”); segundo dificultando el acceso a la “legalidad”; y tercero dificultando la entrada en el país.
Pero estaba claro que España necesitaba de la mano de obra inmigrante para mantener ciertos sectores productivos. ¿Cómo se salvaba esta situación? Se decía, pues, que sólo entrarían en el país, de forma “legal”, los inmigrantes que se necesitaran: “[L]o importante —decía Mayor Oreja— es que sepamos entender y comprender que lo más trascendental de este proyecto es determinar cuál es la capacidad real de acogida de nuestro país”[45].
El proyecto de ley fue aprobado. Pasó al Senado y el día 24 de noviembre de 2000 volvía al Congreso para su aprobación definitiva como Ley Orgánica 8/2000. En este pleno, por el Partido Popular, intervino el diputado Muñoz Uriol, que insistía en los motivos por los que era necesaria la reforma:
“Si proponemos dar ayudas para la vivienda, sanidad, educación, becas y, además, en dos años la posibilidad de conseguir una situación regular en nuestro país, ¿creen ustedes que así se incentiva una inmigración regular? A nuestro juicio este es el razonamiento y el principio que hemos aplicado dentro de los derechos, (…). Señorías, el ofrecer un permiso de residencia a todos aquellos que lleven residiendo en nuestro país dos años (…), a nuestro juicio supone un clarísimo efecto llamada que además conlleva la ilegalidad y la marginalidad”[46].
La necesidad de mano de obra inmigrante se atendía mediante la determinación de cuál era la “capacidad de acogida que tiene España, que obviamente es limitada, con lo cual no se puede hablar de una inmigración de puertas abiertas, sobre la base de que tenemos una realidad social y laboral y no podemos olvidarla”[47]. Así, se prima la inmigración regular en función de la capacidad receptora de España, capacidad social determinada por el grado de tolerancia a la presencia extranjera; y capacidad laboral determinada por el número de trabajadores necesarios.
Ya he dicho antes como se pretendía conseguir una inmigración regular, controlable, y cómo eso afectaría a los inmigrantes “ilegales” ya en el país. Pero veamos lo que dice la ley.
Lo primero que llama la atención de esta ley es que, mediante un añadido final (“que podrán ejercer cuando obtengan autorización de estancia o residencia en España”) a los artículos 6, 7, 8 y 11, los inmigrantes “ilegales” pierden su derecho a la participación pública, a la reunión y manifestación, a asociarse, a sindicarse y a la huelga (para este último sólo es necesario el permiso de trabajo)[48]. Los únicos derechos que se les reconoce son el de la educación (cuando esta sea de carácter obligatorio), la asistencia letrada y el derecho al trabajo (siempre que se obtenga el permiso pertinente). De esta forma el extranjero “ilegal” queda totalmente desprotegido, no tiene derecho a reivindicar nada, su situación se ve abocada directamente a la marginación y a la expulsión. Estas son las medidas que el Gobierno pretende llevar a cabo para encauzar la inmigración hacia una inmigración regularizada, controlable. Porque ese es el objetivo: “controlar los flujos”, atendiendo a dos razones, como he dicho: la situación del mercado laboral nacional y el grado de tolerancia de la sociedad española. El control se pretende que sea total: el Gobierno es el encargado de conceder esos permisos de trabajo según esos criterios, y este permiso de trabajo es el que permite el acceso a la residencia temporal (situación ésta en la que ya se tienen derechos)[49]. Además, se regula un sistema de sanciones para permitir que el extranjero que permanezca en España en situación “ilegal” o que trabaje sin permiso (artículo 53) pueda ser expulsado del país (artículo 57).
Las únicas medidas que la ley contempla para evitar la explotación del inmigrante son las sanciones a los que contraten inmigrantes sin permiso de trabajo (con multas de entre un millón y diez millones) o que trafiquen con ellos (con multa igual). Las únicas medidas tendentes a mejorar la integración del inmigrante (regular en este caso) son las sanciones hacia las conductas discriminatorias en razón de nacionalidad, religión o raza (artículo 54); y dos medidas recogidas en, primero, el artículo 69, para el “apoyo al movimiento asociativo de los inmigrantes”, y, segundo, el artículo 70, para la creación de “el Foro para la Integración Social de los Inmigrantes”.
El Objetivo de la ley estaba claro, y José María Aznar lo explicaba muy bién:
“Lo que no podemos hacer, si queremos integrar a los inmigrantes, reconocerles sus derechos, hacerles partícipes de una sociedad próspera, gozar de las mismas posibilidades que tienen los españoles, es tener totalmente descontrolados los flujos migratorios, o es no distinguir entre los inmigrantes legales o ilegales, (…), nadie con sentido común puede plantear una política que consista en no hacer nada o no ordenar esos flujos migratorios, porque es lo peor que podríamos hacer por los inmigrantes y lo peor que podríamos hacer por una sociedad tolerante y con la capacidad de integración y reconocimiento de derechos a los inmigrantes”[50].
5. Conclusión
Un movimiento de mutua justificación es lo que se deduce del proceso descrito: desde el Ejido se utilizó el discurso del PP para justificar lo ocurrido; y el PP utilizó lo ocurrido para reforzar sus tesis: “lo peor que podríamos hacer por una sociedad tolerante” era permitir una presencia excesiva de inmigrantes (tanto legales como ilegales; pues hemos visto que la preferencia por una inmigración legal tiene como único objetivo el controlar la cantidad de extranjeros en el país). Nos encontramos, así, con la contradicción a la que hacía referencia en la introducción: hay brotes racistas/xenófobos porque hay muchos inmigrantes. Nosotros no somos racistas/xenófobos, pero es que hay muchos. El problema no somos nosotros, son ellos. Por ello, para evitar tendencias racistas/xenófobas es mejor que no vengan muchos. Esta es la contradicción a partir de la cual el PP ha basado su teoría de la inmigración: evitar tendencias xenófobas llevando a cabo medidas xenófobas. Y esta contradicción, esta teoría, precisamente, lo que hace es justificar tendencias xenófobas: sólo hay que atender al número de inmigrantes presentes, como se hizo en El Ejido: con otras palabras, se dijo: “es que son muchos y están descontrolados, nuestra reacción es natural”. La teoría del PP, vendría a ser lo que Verena Stolke llama “fundamentalismo cultural”: la consideración de que la convivencia entre culturas es imposible porque la xenofobia es natural, inherente al hombre[51]. El discurso del PP no era tan tajante. Se basaba en lo mismo (que la xenofobia es algo natural) pero concedía un grado de tolerancia, determinado por el número de extranjeros, que podía romperse si este número era “excesivo”.
Que la xenofobia sea algo natural es ya de por sí algo discutible, pero, aun así, siguiendo ese razonamiento, cabe preguntarse, ¿no es precisamente el papel de la civilización el cambiar las cosas “naturales” para hacer mejor la vida de los seres humanos y la convivencia entre ellos? Esto sería lo justo, atendiendo al principio democrático de igualdad ante la ley y el de fraternidad que, en sí mimo, sostiene toda la teoría democrática. Pero ninguna medida se contemplaba en la Ley Orgánica 8/2000 para cambiar las concepciones xenófobas de la población española: la responsabilidad de la buena convivencia recaía sólo sobre uno de los términos de la relación, los inmigrantes.
Con la contradicción sobre la que el PP (habría que analizar el discurso sobre inmigración de forma más amplia para ver si esta contradicción es privativa del PP) edificó su teoría de la inmigración se pervierte el contenido de lo que significa la democracia. Este mensaje pervertido es el que se transmite a una sociedad que, durante veinte años, no ha tenido otro medio de formación democrática que el proporcionado por el discurso político. De ahí el estado de la cultura democrática en España, de ahí la concepción no democrática que se tiene del inmigrante, concepción que sí afecta a la convivencia.
Notas:
[1] El País, 19 de marzo de 2000.
[2] Celaya, C.: “La vuelta a los desprecios. Algunas consideraciones sobre la xenofobia en la España de los noventa”, en López García, B. (y otros): Inmigración magrebí en España. El retorno de los moriscos, Madrid, 1993.
[3] El Mundo, 17 de noviembre de 1999.
[4] Sainz de la Peña, J. A.: “La política de inmigración en España”, en Marquina, A. (ed.): Flujos migratorios norteafricanos hacia la Unión Europea. Asociación y diplomacia preventiva, Madrid, AECI, 1997.
[5] Ley Orgánica 4/2000. Puede consultarse en www.ccoo.es/legislacion/extranjeria.htm.
[6] Intervención del señor Jordano Salinas (Partido Popular). Congreso de los Diputados. Diario de Sesiones. Comisión Constitucional. 10 de noviembre de 1999, p. 23701.
[7] Idem, p. 23702.
[8] Idem, p. 23703.
[9] El Mundo, 17 de noviembre de 1999.
[10] Idem.
[11] El Mundo, 18 de noviembre de 1999. Este periódico recogía también: “ el ministro del Interior añadió que España no puede tener la ley sobre extranjería más avanzada de la Unión Europea. Gráficamente explicó: «ni en la cabeza ni en la cola, tenemos que ser del montón»”.
[12] Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, 25 de noviembre de 1999, p. 14961.
[13] Idem, p. 14962.
[14] El Mundo, 19 de diciembre de 1999.
[15] Idem.
[16] Hay que recordar también que el ministro de trabajo y asuntos sociales, Manuel Pimentel, estuvo en todo momento a favor de la proposición de ley y trató de que así como salió del Congreso fuera aprobada definitivamente. Ver El Mundo, 19 de noviembre de 1999.
[17] Intervención de De Grandes Pascual (PP), Diario de Sesiones del Pleno del Congreso de 22 de diciembre de 1999, p. 15266.
[18] Idem, p. 15267.
[19] Idem, p. 15268.
[20] Varias publicaciones advertían, mucho antes de los sucesos, sobre la situación que se estaba “cociendo” en El Ejido. Ver: Martínez Veiga, U.: Pobreza, segregación y exclusión espacial. La vivienda de los inmigrantes extranjeros en España, Barcelona, 1999. Y Gómez López, J. L. Y Segrelles Serrano, J. A.: “La situación de la mano de obra marroquí en los invernaderos del campo de Dalías (Almería)”, en García Rodríguez, J. L. ; Zapata, U. M. Y Millán, P. M. (eds.): Inmigración extranjera y planificación demográfica en España. IV jornadas de la población española, Univ. De La Laguna, Tenerife, 1993. Incluso un informe del Senado llamaba la atención por “la intolerancia y las condiciones de vida de El Ejido” (recogido en El Mundo, 8 de febrero, 2000).
[21] Declaraciones de Nuria Lara a Servimedia, 7 de febrero de 2000.
[22] Documento de el Ayuntamiento de El Ejido: “La inaplicación sistemática de la Ley de Extranjería que permitía gran concentración de inmigrantes indocumentados que, sin medios de vida, propiciaba la delincuencia de esta colectivo”. En El País, 10 de febrero, 2000.
[23] El secretario de organización de la Coordinadora de Organizaciones Agrarias y Ganaderas (COAG), por ejemplo, decía: “aquí se han violado niñas. Eso ha pasado en mi propia familia y es algo que le ha pasado prácticamente a toda la gente con la que hablo. Le han violado a la hija o a la mujer y siempre es el mismo colectivo”. Servimedia, 8 de febrero de 2000.
[24] En El Diario Montañés, 11 de febrero, 2000.
[25] Idem.
[26] Sevimedia, 8 de febrero de 2000.
[27] El Diario Montañés, 11 de febrero, 2000.
[28] En las argumentaciones de los representantes de la localidad (argumento que luego se extendió a representantes políticos nacionales) se dio una equiparación perversa (perversa porque estaba claro que gran parte de los inmigrantes que trabajaban en El Ejido lo hacían sin papeles) entre inmigrantes sin papeles e inmigrantes sin trabajo, y esto con la delincuencia.
[29] Según informaba El País el día 14 de febrero de 2000 en “El Ejido: historia de un fraude”, donde Antonio Martín negaba que se hubiera producido un aumento de delitos sexuales.
[30] El Diario Montañés, 11 de febrero de 2000.
[31] El País, 8 de febrero, 2000.
[32] El Mundo, 8 de febrero de 2000.
[33] El País, 10 de febrero, 2000.
[34] Nota de prensa del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 7 de febrero de 2000. En www.la-moncloa.es.
[35] Nota de prensa del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 11 de febrero de 2000. En www.la-moncloa.es.
[36] El Mundo, 16 de febrero de 2000.
[37] El País, 18 de febrero de 2000. Sobre qué es un “cortijo” ver Martínez Veiga, U.: op. cit., donde este modo de albergar a la población inmigrante se describe como un “autentico apartheid” (p. 92). Es interesante, además, ver cómo este plan sobre los cortijos se incluyó en un plan consensuado entre el alcalde y la Asociación de Jóvenes Agricultores Andaluces después de unos altercados entre vecinos e inmigrantes en 1995: “En la discusión se llega al convencimiento de que los inmigrantes no pueden vivir en el pueblo porque causan problemas y además parece más conveniente que vivan cerca de los invernaderos. De esta manera van a estar mucho más cerca de su trabajo y no tienen que gastar en transporte. Para conseguir esto, el ayuntamiento ofrece una subvención a fondo perdido para que los agricultores reformen los cortijos, así los inmigrantes puedan vivir cerca de su trabajo”. El plan no fue llevado a la práctica. Es también interesante señalar que en este libro se recoge un extracto de manifiesto vecinal (también elaborado tras esos disturbios del 95) en el que ya se recoge la argumentación inmigración ilegal = marginación y delincuencia, aunque aquí parece vislumbrarse que se produce una asimilación de conceptos en otro sentido al mencionado más arriba: el inmigrante ilegal no es el que no tiene papeles, sino el que no trabaja y, por lo tanto está abocado a la delincuencia (ver Martinez Veiga, U.: op. cit. pp. 94-95).
[38] El Mundo, 17 de febrero de 2000. De nuevo hay que recordar que la postura del ministro de trabajo fue muy distinta y trató de cambiar la actitud del alcalde almeriense. Manuel Pimentel terminó dimitiendo poco después.
[39] El Mundo, 17 de febrero de 2000.
[40] Programa electoral del Partido Popular en www.pp.es/popular/pro-ele-pp.pdf
[41] La inmigración pasaba definitivamente a ser contemplada como un asunto de orden público, de seguridad interna. Dejaba definitivamente de ser contemplada como un asunto de índole social (como durante la legislatura anterior, cuando era el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales el que se hacía cargo del tema). Este cambio en el ámbito de competencias de los ministerios es bastante ilustrativo de la política que el PP deseaba llevar con respecto a este tema.
[42] Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, 5 de octubre de 2000, p. 1424.
[43] Idem, pp. 1426-1427.
[44] Idem, p. 1424.
[45] Idem.
[46] Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, 24 de noviembre de 2000, pp. 2149-2150.
[47] Idem, p. 2148.
[48] Contraviniendo la Declaración Universal de Derechos del Hombre.
[49] Ley Orgánica 8/2000 de 22 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Articulo 34 “El permiso de trabajo por cuenta ajena”; artículo 31 “Situación de residencia temporal”.
[50] Entrevista a José María Aznar en Antena 3, 9 de enero de 2001. Se puede consultar en la sección de intervenciones públicas del presidente del Gobierno en www.la-moncloa.es.
[51] Stolke, V.: “Europa: nuevas fronteras, nuevas retóricas de exclusión”, en VV. AA.: Extranjeros en el Paraíso, Barcelona, Virus, 1994.